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Iniciado por melli77, Nov 25, 2024, 12:29:38

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La UCO atribuye al fiscal general García Ortiz una "participación preeminente" en la "filtración" del pacto del novio de Ayuso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido en un informe que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo "una participación preeminente" en la "filtración" del acuerdo que negociaron el fiscal Julián Salto y el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el mes de marzo. La filtración de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y Salto es precisamente el núcleo de la investigación que el Tribunal Supremo dirige contra García Ortiz.

En aquellos correos electrónicos, el novio de Ayuso reconocía su autoría de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental y negociaba con la Fiscalía un pacto de conformidad para evitar una eventual condena de prisión. Tras su filtración y la emisión de una nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid que hablaba sobre este asunto, González Amador presentó una querella por revelación de secretos y alegó que se había vulnerado su derecho a la defensa.

Meses después de la presentación de aquella querella, la UCO ha accedido a "todas las comunicaciones de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, con otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados". El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico, analiza mensajes enviados entre el 8 y el 14 de marzo de este año.

Los investigadores se han ceñido al plazo fijado por el juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo que va desde el 8 de marzo de 2024 hasta el día 14 de ese mes. La UCO concluye que el día 13 de marzo, a las 21.59 horas, el fiscal general Álvaro García Ortiz accedió a los correos electrónicos, que se filtraron a las 31.51 horas del mismo día.

Tras analizar los mensajes intercambiados en este lapso de tiempo, la Guardia Civil señala que "la filtración debe iniciarse en la Fiscalía". Incluso señala que los responsables deben ser el fiscal general del Estado, la fiscal jefa provincial de Madrid, la fiscal superior Almudena Lastra, la fiscal decana de Delitos Económicos o el fiscal de Delitos Económicos.

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