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El Gobierno lanza un plan de ayudas de 10.600 millones: líneas de avales, hasta 60.000 euros para reparar casas y exenciones fiscales

El Ejecutivo transferirá hasta 10.300 euros para enseres personales, 5.000 por autónomo y 150.000 para pymes.
Se podrán aplazar pagos de hipotecas y el Gobierno asumirá todo el gasto de emergencia de los ayuntamientos.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un primer paquete de ayudas para paliar la catástrofe causada por la DANA valorado en 10.600 millones de euros. Se trata de la primera fase de un plan estructurado en tres etapas, que cubre un total de 75 municipios (la mayoría en la Comunidad Valenciana) y que incorpora medidas inspiradas en la respuesta a la pandemia y a la erupción del volcán de La Palma.

El paquete es muy amplio e incluye ayudas de hasta 60.000 euros por vivienda dañada, 5.000 euros para autónomos y hasta 150.000 para pymes que han visto perjudicado su negocio. Los perjudicados por la catástrofe también podrán aplazar pagos de sus hipotecas o préstamos personales, se desplegarán 5.000 millones de euros en avales públicos para créditos y el Gobierno asumirá todos los gastos de emergencia en los que incurran los ayuntamientos. El plan también incluye exenciones fiscales en impuestos municipales, aplazamientos en el pago de la declaración de la renta; despliegue de ERTE y paro para los autónomos o subidas provisionales en el ingreso mínimo vital. También se ha solicitado a Bruselas la activación del Fondo Europeo de Solidaridad y el desvío de fondos de cohesión para paliar el desastre.

Así lo ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en la que ha explicado que las medidas entrarán en vigor a partir de este momento. "Es solo el comienzo, queda muchísimo trabajo por hacer y vamos a estar con nuestra gente hasta el final", ha señalado el presidente. Las otras dos fases del plan, cuya dotación todavía se desconoce, se enfocarán en reconstruir las zonas afectadas y adaptarlas a los desafíos del cambio climático.

El montante total de esta primera fase, enfocada en responder de forma "inmediata y urgente" a la catástrofe, queda lejos de las pretensiones de la Generalitat. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, reclamó el martes al Gobierno un desembolso de 31.400 millones de euros en ayudas, una cuantía equivalente a todo el presupuesto de la Generalitat para 2024. Mazón cifra los daños causados por la DANA en la región en 12.000 millones de euros.
Ayudas directas a ciudadanos, pymes y autónomos

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la normativa de ayudas en caso de situaciones catastróficas para cuadriplicar la cuantía de las prestaciones y hacerlas universales para todos los perjudicados, sea cual sea su renta. En total, el Ejecutivo estima destinar 54,6 millones de euros a ayudas para sufragar daños materiales en viviendas y enseres y otros 21,6 millones para las ayudas destinadas a paliar daños por fallecidos.

Concretamente, y según ha explicado Sánchez, el Gobierno transferirá hasta 72.000 euros por afectado en casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; y hasta 10.300 para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres. Otros 37.000 euros se destinarán a las comunidades de vecinos, para que puedan reparar elementos como los portales y los ascensores de los edificios.

Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos con domicilio fiscal en las zonas más afectadas también percibirán ayudas directas por un valor de 838 millones de euros: de 5.000 euros para los autónomos; y entre 10.000 y 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de operaciones. El Gobierno reduce burocracia aquí también, y para recibir esas ayudas los afectados solo tendrán que indicar el número de cuenta bancaria, donde recibirán la prestación en menos de 30 días. Se espera beneficiar con esta medida a unos 65.000 autónomos y en torno a 30.000 empresas, fundamentalmente pymes.
Hipotecas, seguros y avales

En el ámbito financiero, el Gobierno ha pactado con los bancos aplazamientos en el pago de hipotecas para las personas afectadas. Quienes lo soliciten podrán posponer el pago de tres mensualidades de su hipoteca o préstamo personal y también podrán disfrutar de otros nueve meses adicionales en los que solo tendrían que abonar los intereses. Para una hipoteca tipo de 120.000 euros con cuota de 600 euros, esto se traduciría en abonar cero euros durante tres meses y los siguientes nueve apenas 300 euros, ha explicado Sánchez. Según cálculos del Banco de España, en las zonas afectadas hay 23.000 empresas con préstamos concedidos y 150.000 hogares hipotecados.

Además, el presidente ha anunciado que quienes hayan perdido su vehículo recibirán una indemnización un 20% superior al valor de tasación del mismo. El Consorcio de Compensación de Seguros —el organismo dependiente de Economía encargado de abonar las indemnizaciones por la catástrofe— empezará a pagar las compensaciones a partir del miércoles.

De igual modo, en el capítulo financiero el Ejecutivo desplegará líneas de avales gestionadas por el ICO —el brazo financiero del Estado— valoradas en 5.000 millones de euros. Estos avales, que sirven para poder acceder a créditos en condiciones ventajosas, serán accesibles para ciudadanos, pymes y autónomos a partir de la semana que viene.
Exenciones fiscales y ayuda a ayuntamientos

El paquete que desde este martes ha desplegado el Gobierno incluye también medidas de alivio fiscal. Así los afectados quedarán exentos de pagar el IBI y también se reducirá la cuota en el Impuesto de Actividades Económicas, los dos de titularidad municipal. Tampoco habrá que pagar tasas de Tráfico o Policía para tramitar las bajas de los vehículos dañados o remplazas documentación. La pérdida de ingresos que esto supondrá para los ayuntamientos las compensará íntegramente el Estado.

Asimismo, también en el plano fiscal, Hacienda aplazará el cobro del segundo pago del IRPF a los contribuyentes que hayan fraccionado la devolución. Las ayudas concedidas estarán exentas de pagar IRPF y también se reducirá el IRPF y el IVA en las explotaciones y actividades agrarias afectadas por la DANA.

Además, el Gobierno cubrirá todos los gastos de emergencia que soporten las corporaciones locales y abonará hasta el 50% de todas las obras que deban llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras (carreteras, polideportivos...). También se reforzarán los juzgados y los equipos de notarios y registrados de la propiedad en la zona para agilizar las tramitaciones.
Escudo laboral

El Gobierno ha desplegado igualmente una serie de medidas de protección a los trabajadores, algunas de las cuales ya fueron avanzadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este lunes. Una de ellas va destinada a las empresas que hayan tenido que suspender temporal ente la actividad de sus trabajadores por un ERTE, un mecanismo popularizado sobre todo en la pandemia para evitar despidos masivos. Así, las empresas que hayan tenido que acudir a este mecanismo extraordinario, estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, al menos, hasta febrero de 2025. Para esa bonificación de los ERTE, el Estado destinará un total de 157,9 millones de euros.

Los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación por cese de actividad (el conocido como paro del autónomo), cuya cuantía corresponderá al 70% de su base de cotización, incluso aunque no hayan cumplido los 12 mínimos que se exigen ahora por ley para poder acceder a ella, y sin que se le reduzca su prestación en el futuro.

Se crea, además, un nuevo tipo de baja médica: la incapacidad temporal extraordinaria, a la que podrán acogerse todas las personas afectadas o dañadas, tanto física como psicológicamente, por la tragedia causada por la DANA. Así, los trabajadores que se acojan a esa baja tendrán garantizad el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad.

Estas medidas se añaden a las avanzadas el lunes por Yolanda Díaz, que anunció la prohibición de despedir a un trabajador cuando las ausencias estén justificadas, en este caso, por las consecuencias del temporal; y estableció que el teletrabajo sea la fórmula de trabajo preferente en aquellas zonas más devastadas.