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Un CGPJ renovado tras más de cinco años y el primer fiscal general imputado en democracia marcan el año judicial en 2024

Ahora que 2024 roza su final, se puede afirmar sin ambages que los tribunales han sido uno de los grandes protagonistas de la actualidad nacional a lo largo del año. Su relevancia no se debe únicamente a las causas de corrupción que rodean al Ejecutivo o a la batalla que ha emprendido el Gobierno con algunos de los jueces que dirigen las investigaciones. Tampoco se limita a la ley de amnistía o a las acusaciones de lawfare. Al margen de todos estos asuntos, hay dos cuestiones trascendentales que han marcado este año en lo que se refiere a la justicia española: la esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por primera vez está presidido por una mujer; y la imputación del fiscal general del Estado, que constituye un hecho inédito en nuestra democracia.
La causa de García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, arrancó el año trastocado porque, pese a que el Gobierno le había renovado en su mandato, un CGPJ caducado desde hacía más de cuatro años había señalado que él no era "idóneo" para ocupar ese cargo. García Ortiz había propuesto en dos ocasiones a la ex fiscal general Dolores Delgado para ocupar dos cargos en la Fiscalía del Supremo, y el alto tribunal había anulado ambos nombramientos, acusando al fiscal general de "desviación de poder" en una sentencia. Esto llevó al CGPJ a rechazar su idoneidad para el puesto.

Pero los problemas de García Ortiz a penas habían comenzado. El mayor dolor de cabeza del fiscal general se gestó entre los días 8 y 14 de marzo, cuando se filtraron las primeras informaciones sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y sobre el acuerdo que negociaba con la Fiscalía. Los hechos ocurridos en estas fechas son los que han llevado a García Ortiz a ser el primer fiscal general imputado en la historia de esta democracia.

Tras filtrarse diversas informaciones contradictorias sobre el acuerdo que negociaban el fiscal Julián Salto y el presunto defraudador Alberto González Amador, la Fiscalía Provincial de Madrid publicó una nota de prensa aclaratoria. En la noche del 13 de marzo, El Mundo y otros diarios habían señalado (en base a una información del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, según ha admitido él mismo) que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador. A la mañana siguiente se publicó el comunicado de la Fiscalía de Madrid, en el que se explicaba que los hechos habían sucedido al revés: tal y como ya habían señalado ya varios medios, fue el abogado de González Amador quien propuso un pacto a Julián Salto.

Así comenzó la causa: el novio de Ayuso presentó una querella en la que denunciaba que esa nota de prensa suponía un delito de revelación de secretos y vulneraba su derecho a la defensa, ya que en los correos electrónicos filtrados su abogado admitía ante el fiscal la culpabilidad de su cliente por dos delitos de fraude fiscal.

El asunto se admitió a trámite, primero en un Juzgado de Instrucción de la capital y después en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), hasta que Álvaro García Ortiz admitió que él mismo había ordenado publicar la nota y el juez del TSJM pidió al Supremo que se hiciera cargo de la investigación. A mediados de octubre, la Sala de lo Penal del alto tribunal aceptó investigar a García Ortiz, pero no por la nota de prensa, sino por las filtraciones previas.

El instructor Ángel Hurtado ordenó como primeras diligencias los registros de los despachos de Pilar Rodríguez y García Ortiz, además del volcado de sus dispositivos electrónicos. La intervención del móvil de Rodríguez reveló que el fiscal general ordenó obtener los correos electrónicos en la misma noche en que se filtraron y que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pudo tener una "participación preeminente" en los hechos.

Sin embargo, cuando la UCO volcó el teléfono del fiscal general encontró "cero mensajes" correspondientes a las fechas en las que el juez ordenó buscar, entre el 8 y el 14 de marzo. Mientras que algunas acusaciones populares consideran el borrado de los mensajes como "una prueba incriminatoria donde las haya", la Fiscalía defiende que los mensajes se borraron atendiendo a un protocolo de seguridad recogido en una instrucción del Ministerio Fiscal. El juez instructor, por su parte, intentará acceder a los mensajes borrados a través de la compañía telefónica correspondiente.
Nuevo CGPJ y la primera presidenta del Supremo

Mientras la Fiscalía General del Estado pasa por uno de sus momentos más delicados, el CGPJ ha dejado atrás más cinco años de un bloqueo que suponía una gran anomalía institucional. El Consejo debió renovarse en diciembre de 2018, pero el Gobierno y el PP no lograron ponerse de acuerdo hasta junio de este año, con ayuda del entonces comisario de Justicia europeo, Didier Reynders. El pacto al que llegaron el ministro Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons incluía una lista de 20 candidatos a vocales del Consejo y varias medidas enfocadas a "reforzar la independencia del Poder Judicial".

Entre otros asuntos, el acuerdo establece que no podrán ser nombrados para el puesto de fiscal general quienes hayan ocupado cargos políticos en los cinco años previos. De todos modos, el mayor escollo en las negociaciones del Gobierno y el Partido Popular siempre fue el modelo de elección de los 12 vocales jueces del Consejo. Mientras que la Constitución señala que los otros vocales, los ocho "juristas de reconocido prestigio", deben ser nombrados por el Congreso y el Senado, la Carta Magna no explica como deben nombrarse los 12 vocales jueces.

Según la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) vigente desde 1985, estos también son nombrados por las Cámaras, en ambos casos por mayoría cualificada de 3/5. Sin embargo, el PP ha defendido en los últimos años "que los jueces elijan a los jueces"; es decir, que los 12 vocales sean nombrados por el conjunto de la carrera judicial.

Finalmente, el Partido Socialista y el Partido Popular, incapaces de consensuar una fórmula para elegir a los vocales del Consejo, dejaron la pelota en manos del nuevo CGPJ. El acuerdo incluía la aprobación de una proposición de ley que dispone lo siguiente: "En el plazo de seis meses", el Consejo debía elaborar un informe sobre "los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales".

La propuesta debe remitirse al Parlamento para que "los titulares de la iniciativa legislativa" tramiten una norma basada en la misma. El plazo de seis meses está a punto de cumplirse y el Consejo no ha enviado ninguna propuesta a las Cortes. Lo que si lograron los vocales tras una negociación compleja entre conservadores y progresistas fue nombrar a Isabel Perelló como presidenta del CGPJ y el Tribunal Supremo, dos cargos que van ligados por ley. Perelló es la primera mujer de la historia que logra presidir el alto tribunal. Fue nombrada el 3 de septiembre con el apoyo de 16 de los 20 vocales del Pleno.